jueves, 29 de abril de 2010

Presionan a Obama para que impugne ley anti-inmigrante


QUE sea el propio presidente Barack Obama el que promueva la impugnación judicial de la polémica ley anti inmigrantes del estado de Arizona, que ha causado rechazo generalizado en todo Estados Unidos, pidió un grupo de legisladores norteamericanos al Jefe de Estado.

"La petición al presidente Obama es que su Departamento de Justicia inmediatamente se junte con otras organizaciones para combatir esta ley en las cortes (...) por las violación de la Constitución y los derechos civiles", afirmó el legislador demócrata por Arizona, Raúl Grijalva.

El procurador general estadounidense, Eric Holder, informó que el gobierno analizaba la ley de Arizona (suroeste) y no descartaba su "impugnación ante la Justicia".

Los críticos de la ley de Arizona, promulgada el viernes y que define como delito la estancia sin papeles y exige a la Policía identificar a los ilegales a partir de "sospechas razonables", afirman que promoverá la discriminación.

Grijalva, quien estuvo acompañado por legisladores demócratas, varios de ellos representantes de los sectores hispano, asiático y negro, dijo sentirse "esperanzado" por el anuncio de Holder ya que tiene "confianza en que están en el proceso de preparar esa causa en las cortes".

El legislador por Arizona instó a Obama a "empujar este Congreso" para que cierre filas hacia una reforma migratoria.

Entre tanto, la industria del turismo de Arizona, devastada por la recesión, se prepara ante un boicot al que día a día se suman más líderes comunitarios y parlamentarios en Estados Unidos para protestar por la dura ley migratoria.

Los hoteleros en Arizona empezaron a reportar una ola de cancelaciones de reservas luego que la gobernadora republicana Jan Brewer promulgara el viernes una ley que criminaliza a los indocumentados, que según los críticos da luz verde a la persecución y prejuicio racial por parte de la policía.

Los mismos políticos en Arizona han pedido a las empresas boicotear los negocios con el estado hasta que la ley sea revocada, una postura que encontró eco el martes por los legisladores de las ciudades californianas de San Francisco y Los Ángeles.

Los impulsores del boicot esperan emular el éxito de la campaña realizada después que Arizona se negó a acatar el Día Martin Luther King Jr como feriado nacional en 1987, que conllevó la cancelación de convenios por millones de dólares.