martes, 2 de marzo de 2010

España exige aclarar nexos ETA-Farc-Venezuela


El presidente Álvaro Uribe se mostró prudente sobre la posibilidad de que el vecino país cooperara en las relaciones entre los dos grupos armados al margen de la ley.

EXPLICAR LOS vínculos con las Farc y la ETA, pidió el gobierno español a Caracas, luego de que un juez ibérico denunció que esa alianza tuvo “cooperación gubernamental” de Venezuela.

El jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmó en una rueda de prensa en Alemania, que Madrid ha pedido explicaciones a Caracas.

“El ministro de Exteriores (Miguel Ángel Moratinos) ha hecho la oportuna gestión ante el gobierno de Venezuela para que dé una explicación ante las informaciones que se desprenden de la actuación de la Audiencia Nacional”, declaró Zapatero.

“En función de la explicación y de las manifestaciones que realice el gobierno de Venezuela, actuará el gobierno de España”, añadió.

De acuerdo con Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, decidió procesar a seis presuntos miembros de ETA y a siete de las Farc por su supuesta colaboración y el intento de asesinato en la persona del presidente colombiano, Álvaro Uribe, y del ex jefe de Estado Andrés Pastrana, y de otras personalidades que tenían previsto visitar España.

Velasco cree que el presidente Uribe fue incluido en una lista de posibles objetivos de las Farc en España, para cuyo eventual asesinato pidieron ayuda a ETA, según un auto publicado ayer.

Uribe señaló que no le sorprende que las Farc intentaran asesinarlo, pero se mostró prudente sobre la posibilidad de que Venezuela cooperara en las relaciones entre los dos grupos armados al margen de la ley.

“Creo que tenemos que tener una reacción prudente y mirar qué es lo que está pasando a través de los canales diplomáticos”, dijo Uribe a RCN desde Uruguay.

La cancillería de Venezuela manifestó en un comunicado que en el auto del juez español “se hacen señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el gobierno venezolano”.

Según el juez Velasco, las Farc llegaron a vigilar al ex presidente colombiano Andrés Pastrana, que vivía en Madrid, y a la embajada colombiana, considerándolos objetivos fáciles “siempre que se contase con la ayuda de ETA”.

Por ello, las Farc “pidieron a miembros de ETA colaboración para localizar en España”, además de a Pastrana y a Uribe, a otras personalidades como el vicepresidente colombiano Francisco Santos, para atentar contra alguna de ellas.

La ayuda de ETA está planteada en un correo electrónico en el ordenador incautado a Raúl Reyes, número dos de las Farc, tras morir en una operación en Ecuador en marzo de 2008.

La información conseguida tras la muerte de Reyes llevó precisamente a la fiscalía de la Audiencia Nacional a presentar en diciembre de 2008 la querella, que ha desembocado en los actuales procesamientos.

La ayuda de ETA a las Farc en España es, según Velasco, una “contraprestación” al adiestramiento mutuo de activistas en territorio de Venezuela, que cooperó en las relaciones entre ambas organizaciones.

“Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las Farc y la ETA”, según Velasco, quien apunta especialmente al presunto miembro de ETA Arturo Cubillas Fontán.

Este último, residente aún en Venezuela, fue nombrado en 2005 “director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del ministerio de Agricultura y tierras de Venezuela”, según el auto judicial.

Cubillas ha sido “responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde el año 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las Farc y la participación de integrantes de la ETA en cursillos de explosivos”, añadió Velasco, quien ha emitido órdenes de busca y captura internacionales para 12 de los 13 procesados.

Velasco acusa a Cubillas y a los miembros de las Farc Edgar Gustavo Navarro Morales y Víctor Ramón Vargas Salazar de un “delito de conspiración para cometer homicidios terroristas”.

Cubillas también está acusado junto a los activistas de ETA José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso y José María Zaldua de los delitos de tenencia de explosivo.

Además, todos los anteriores, junto a los etarras José Angel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio y los miembros de las Farc Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda, Remedios García, Luciano Martín y Omar Arturo Zabala, están acusados de colaboración con banda terrorista.

EU también hace señalamientos

Efectivos de las fuerzas de seguridad de Venezuela “asisten directamente” a la guerrilla colombiana ligada a grupos narcotraficantes. Así lo señala Estados Unidos en su informe anual sobre la lucha antinarcóticos.

El informe del Departamento de Estado afirma que durante 2009 el gobierno del presidente Hugo Chávez “no cooperó consistentemente con Estados Unidos y otros países para reducir el flujo de cocaína a través de Venezuela”.

“Hay fuerte evidencia de que algunos elementos de las fuerzas de seguridad de Venezuela asisten directamente” a organizaciones colombianas designadas como organizaciones terroristas por EU.

Entre esos grupos se encuentran las Farc y del Eln.

En el informe, Estados Unidos identifica a Venezuela como “un importante país de tránsito de drogas”, al señalar que el flujo se “incrementó bruscamente en 2009”.

Desde 2006, Venezuela mantiene cortada su cooperación con la agencia norteamericana antinarcóticos (DEA).

“Se observa un extraordinaria salida particularmente de exportaciones por vía aérea desde el área adyacente a la frontera con Colombia”, dijo en rueda de prensa el subsecretario de Estado para la lucha antidrogas, David Johnson.

Johnson dijo que Washington ha mantenido contactos con funcionarios venezolanos respecto a esta situación, pero no se han registrado "esfuerzos significativos para detener ese tráfico".

El gran tránsito de drogas a través de territorio venezolano “ha incrementado el nivel de corrupción, crimen y violencia” en es país, señaló el informe.

La impunidad, “politización de las investigaciones y la corrupción socava la confianza pública en el sistema judicial”, apuntó.


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